Juzgan al primer ministro por negligencia en la gestión de la crisis

Exprimer ministro islandés Geeir H. Haarde

Según informan algunos medios, el primer ministro de Islandia, Haarde, perteneciente al partido conservador, va a ser juzgado. La norma con arreglo a la cual se le sitúa en un proceso es una llamada “ley sobre responsabilidad de los ministros”. No conozco la existencia ni el alcance de dicha Ley y me refiero a ella porque así aparece citada en el artículo que publica El País esta mañana.

Desde hace tiempo, en mis intervenciones públicas, vengo requiriendo la necesidad de que se termine con el estatuto jurídico privilegiado de los políticos, una de cuyas manifestaciones mas dolorosas consiste en que la negligencia empresarial puede provocar responsabilidades jurídicas en los campos civil y penal, mientras que las negligencias políticas se saldan, en el mejor de los casos, con responsabilidades políticas sin más. No parece lógico semejante estatuto. Los políticos, gestores de bienes ajenos, deben someterse a un cuadro de responsabilidades que sea, cuando menos, similar al propio de los ciudadanos de a pie.

Pero que yo sepa en España no existe esa ley de responsabilidad de los ministros. Al menos no la conozco. Por eso es una tarea pendiente, de las muchas que nos acosan, la estructuración de un modelo jurídico de responsabilidades a exigir a los políticos por el modo y manera en el que han gestionado los asuntos públicos. Deben entender que  en esa gestión administran los fondos que el Estado detrae de la sociedad por los mecanismos coactivos propios de los impuestos, tasas y demás exacciones. Y eso, insisto, debe generar una especial responsabilidad. Pero entre nosotros la regla parece ser mas bien la contraria.

Bucólico paisaje islandés

Para juzgar al primer ministro Islandés existe un tribunal especial. Se llama el Landsdómur. Lástima que no conozca ese idioma porque me gustaría saber su etimología. Es un tribunal que parece ser especialmente establecido para exigir responsabilidades a los miembros del gobierno. Su creación data de hace 67 años. Nunca había funcionado hasta ahora. El Landsdómur está formado por 15 personas: cinco jueces del Tribunal Supremo, un presidente de un tribunal de primera instancia, un catedrático de derecho constitucional y ocho ciudadanos designados cada seis años por el Parlamento.

Me sorprende realmente que en ese país exista una legislación especial y un tribunal especial para juzgar responsabilidades de los miembros de un gobierno, sean del color que sea. Para poner en marcha el proceso se necesitó autorización del Althingi, nombre con el que se designa al Parlamento Irlandés. Se concedió por estrecho margen de 33 votos a favor y 30 en contra.

¿Qué se juzga?. La imprudencia del primer ministro en la gestión de la crisis financiera que llevó al colapso bancario a Islandia,  que obligó a nacionalizar los principales bancos del país. La acusación, según la prensa, se formula en estos términos: “A pesar de los avisos recibidos entre otros por el Banco Nacional, Haarde no adoptó ninguna medida para reducir los efectos del colapso antes de que éste se produjera ni presionó a los bancos para vender sus activos y disminuir los riesgos, según el fiscal, quien no especifica ninguna pena concreta para el delito.”

Vista general Congreso Diputados.

En síntesis: la obligación de un político que administra un país es adoptar las medidas necesarias para evitar un desastre como el que aconteció en Islandia. Es posible que en determinadas circunstancias ese desastre no sea totalmente evitable, pero cuando menos se tiene que exigir a esos administradores de la cosa pública que actúen con responsabilidad, que reconozcan la situación, que la expliquen, que determinen causas y sobre todo remedios posibles. En esas circunstancias la comunicación con la ciudadanía resulta vital. Engañarla dolosamente o actuar con negligencia es lo que constituye el delito por el que quieren juzgar al primer ministro.

Es difícil que algo así nos parezca mal. El problema reside en que en los países del Sur, por decir algo, los políticos se consideran dueños de sus actos y no administradores de bienes ajenos. Por ello se crean su propio estatuto jurídico. Por ello funcionan endogámicamente. Por ello reciben el rechazo cada vez mas intenso de la ciudadanía. La encuesta que publicamos en el foro hace unos días es muy elocuente. Es casi unánime (90%) la demanda de que los partidos deben introducir cambios en su forma de funcionar para prestar más atención a lo que piensa la gente. La mitad de los electores (51%) afirma que los partidos representan solo sus propios intereses y únicamente el 19% cree que representan realmente los intereses de la mayoría de los ciudadanos. A eso se suma que el 64% asegura que no se siente identificado ideológicamente con algún partido y que el 70% no siente representados sus intereses por ninguna formación.

Alegría en el Congreso de los Diputados

Este clima es claramente propenso para introducir modificaciones en la dirección que reclama la gente. Pero es muy complicado que esas reformas lleguen a tener cuerpo real. La tendencia de un grupo de poder no es a disolverse o a perder atributos que los conforman en cuanto tal, sino, mas bien, a reforzarse, a intensificar sus normas diferenciadoras, sus privilegios de comportamiento. Es algo que siempre sucede. Curiosamente se desoyen las llamadas que provienen de la sociedad. Si se examina con cuidado la historia se entenderá que esta falta de respuesta a las demandas sociales se encuentra en la base de los movimientos de porte revolucionario.

Consejo de Ministros

Por eso el asunto es muy complejo. Por ello es imprescindible articular un mecanismo en el que queden claramente expuestas esas demandas de la sociedad dirigidas al Sistema. Una mayoría abrumadora de personas creen que es necesario introducir reformas sustanciales porque el Sistema ha dejado de ser útil para los tiempos que nos toca vivir y que necesitamos un nuevo ordenamiento que recoja la experiencia de estos años. Lo que funcionó durante un periodo e tiempo se ha agotado. Por eso me llamó la atención algo que vi ayer en Internet. Una chica se coló y consiguió acercarse al Principe para preguntarle que cuando tendría lugar en España un referéndum acerca de Monarquía/República como forma de Estado. Es una pregunta, nada más, aunque es obvio que esa chica tenía claro su voto ante ese hipotético referéndum. Alguien le dijo que esa pregunta ya se formuló a los españoles en 1978, cuando la Constitución. Y es cierto. Pero también lo es lo que dijo la chica: yo no participé en esa votación. Es evidente que el argumento de que ya se preguntó tiene escasa consistencia, porque la vida no se ancla en un instante determinado. Lo curioso es que el Principe respondió que a el le gusta el Sistema, y a continuación, con un tono algo distante, le dijo a la chica que podía estar contenta porque había conseguido su momento de gloria con esa pregunta y ese acercamiento, pero que eso no servía para nada. No estoy nada seguro de que ambas respuesta sean las mas afortunadas de todas las posibles.

Senadoresde España

Antes de que comenzara la crisis, Solbes descalificó a quienes predecíamos el problema financiero que se venía encima. Y lo hizo con palabras gruesas, acusándonos de ignorantes y antipatriotas. Ese mismo año auguró creación de empleo neto en cifras sustanciales. Negaron la mayor. Y lo hicieron por motivos políticos, además, claro, de indudables dosis de ignorancia. No tomaron medidas hasta que Europa las reclamó de modo imperioso, y aún al dia de hoy siguen sis ser adoptadas algunas de las esenciales.

Pero, claro, vivimos en España, no en Islandia.
Artículo de Mario Conde Conde

Mario Conde