Un informe elaborado por el Observatorio de Derechos humanos DESC, recoge las dramáticas consecuencias que conlleva para las familias el impago de la obligación hipotecaria así como una comparativa de la normativa europea que regula este tipo de situaciones, dejando en evidencia el maltrato jurídico que reciben las personas y los consumidores españoles en relación al ordenamiento jurídico vigente en otros países.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis han provocado que cientos de miles de personas pierdan su vivienda, todos sus demás bienes y derechos, estén en la calle después de su desahucio, carezcan de empleo, deban vivir de la beneficencia familiar, pública o privada y además sigan debiendo mucho dinero al banco que les concedió el préstamo. Más de 400.000 personas están en esta situación desde el inicio de la crisis y el sistema bancario ejecuta ahora mismo 135.000 desahucios anuales o lo que es lo mismo 370 desahucios diarios.
Pues bien, ante el autismo interesado del poder económico y político, dos resoluciones judiciales muy distintas llegan al mismo resultado: “vendida la vivienda, el banco ya no tiene más de que cobrar y se extingue la deuda”. Las sentencias son, una de la Audiencia Provincial de Navarra y la otra de los Juzgados de 1ª instancia de Sabadell (Barcelona). La parte de las sentencias más celebrada por ciertos sectores sociales dice muy claro que, los bancos no pueden generar una burbuja inmobiliaria ganando dinero con su generación y pretender trasladar los efectos negativos del pinchazo de la burbuja al deudor que no tuvo control alguno sobre la generación y pinchazo de la burbuja.
Se nota que se ha perdido el miedo y hay un cierto activismo judicial que pretende aportar soluciones a un problema generado por la gran banca, los poderes legislativo y ejecutivo, y que todos estos no quieren solucionar. La sentencia de Sabadell se a elevado al Tribunal Constitucional y La Ministra de economía, sin dar una razón coherente, ha dejado claro su total y absoluto inmobilismo en este asunto y los municipios españoles que son los que se ven con el problema de la gente tirada en la calle, piden a través de la FEMP, cambios legales.
No va a ser fácil cambiar la legislación vigente sobre esta materia. Los que se oponen a la modificación son poderosos y los que apoyan las reformas, de momento escasos, pero hasta el último minuto “hay partido”.Para más información sigue los siguientes enlaces.
La banca en contra de lo justo
Felipe González a favor de saldar la deuda con la entrega vivienda
El banco es un negocio que mira por sus intereses. Es inhumano que hayan tantas personas sin techo y pasando hambre. Por eso somos nosotros, el ciudadano de a pie, somos nosotros los que no deberíamos conformarnos con lo que nos dan, ya que es a nosotros a quienes nos afecta todo esto. En Francia, por ejemplo, por subir las pensiones 2 años salieron a la calle a reivindicar sus derechos. Aquí en España parece que la gente está dormida, no reacciona ante nuestra situación, no presiona al gobierno por lo que está pasando. Si presionaramos al gobierno todo ciudadano de a pie, quizás la situación cambie, lo que no deberíamos hacer, es esperar sentados a que la situación cambie por sí sola, que es lo que está pasando, mientras día a día aumenta la desoladora situación de familias sin trabajo, sin techo, padeciendo hambre y frío. Puede que me equivoque, puede que esté divagando, pero es mi humilde opinión.
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